Extradición México Irlanda Options
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Se debe aclarar que cada país cuenta con su propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir los extraditables.
Sin acuerdos formales que permitan la entrega de los delincuentes, puede ser más difícil para los países trabajar juntos en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos transnacionales.
Más allá de los grandes instrumentos jurídicos en materia de delitos y crímenes internacionales en los que se establece la obligación de los Estados de perseguir, sancionar o extraditar a los responsables individuales de tales conductas, la comunidad internacional aún carece de un instrumento jurídico de autoácter mundial en materia de extradición; los pasos más importantes al respecto se han dado en el ámbito regional mediante la adopción de la Convención Interamericana de Extradición de 1933 y de la de 1981, y el Convenio Europeo de Extradición de 1957.
1. Las Partes Contratantes se comprometen a entregarse mutuamente, con sujeción a las disposiciones de este Tratado, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la Parte requirente.
Los tratados de extradición son acuerdos internacionales entre dos o más países que les permiten entregar a personas buscadas por la justicia en otro país. Estos tratados son una herramienta valiosa en la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que permiten que los criminales no puedan escapar de la justicia simplemente huyendo a otro país.
Las solicitudes de extradición activas son las que presenta el Estado mexicano a otro país, en donde se encuentra el prófugo de la justicia mexicana y que cuenta con un mandamiento judicial.
La autora analiza diversos instrumentos jurídicos internacionales con el fin de identificar y rescatar los principios jurídicos y garantías individuales que con el paso del tiempo se han convertido en elementos imprescindibles en todo tratado y ley de extradición.
La información sobre los tratados de extradición entre países puede encontrarse en línea en sitios Internet gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que se especializan en asuntos legales y de justicia.
El procedimiento de extradición puede ser largo y navigate here complejo, ya que se deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, la persona acusada tiene derecho a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.
Mientras que son pasivas las solicitudes que recibe nuestro país de parte de gobiernos extranjeros, en virtud de encontrarse un prófugo de la justicia de dicho Estado en nuestro país.
La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los weblink países have a peek at this web-site que los buscan.
La decisión de extradición es tomada por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría debe evaluar la solicitud y tomar en cuenta los intereses del Estado mexicano y de la persona acusada.
A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega casual y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.
A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción common, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia common marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.